Desde que empezó a ser utilizado hace 200 años como pozo ciego para desechos por la industria saladeril, el Riachuelo nunca logró ser saneado. Aunque nadie lo esperaba, tampoco el año de la pandemia trastocó los destinos del emblemático cauce. Y podría haber ocurrido. En muchos países, la caída del consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono ocasionados por las cuarentenas representaron un “alivio” ambiental. Para la región de la cuenca del Riachuelo, donde viven cerca 4.500.000 millones de personas, solo se trató de un año más.
Desde el fallo “Mendoza” del 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental. Con ese fin, se creó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un paquete de 14 acciones para atender la compleja problemática socioambiental de la cuenca.
En principio, las autoridades y técnicos de Acumar, que lidera Martín Sabbatella, tienen objetivos más acotados que la búsqueda de un ambiente balneario donde se pueda nadar y pescar. Es lo deseable, pero la meta primaria de gestión es que los cursos de agua sean aptos para realizar “actividades recreativas pasivas”, es decir poder contemplarlos sin tener un contacto directo. A este tipo de indicador, el PISA lo define como “Uso-IV”. Pero esos parámetros tampoco se alcanzaron y obtuvieron el nivel más bajo desde 2010, a pesar de las acciones implementadas y las particularidades del monitoreo en pandemia.
“El canal Millán (…), una vez tomada y envasada la muestra, comenzó a descargar un vertido de características visuales particulares, de color blanquecino y grasosa. No se pudo tomar una nueva muestra por falta de instrumental. Sin embargo, se dio aviso a las áreas pertinentes para que tomen las medidas necesarias”, señala uno de los reportes ambientales que se hicieron durante el 2020. Un botón de muestra de los tóxicos y elementos extraños que se pueden encontrar en el agua del Riachuelo.
Los expertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) consideran que existen tres fuentes principales de contaminación en la región: la industrial, la cloacal y la causada por residuos sólidos, entre ellos, los basurales. La combinación de estos factores impacta sobre la calidad de vida de los millones que habitan en la cuenca hídrica.
En el área de influencia existen unos 8.000 establecimientos industriales. Durante el último empadronamiento efectuado en 2019, el sistema de autoregistro arrojó 5.266 establecimientos. De ese grupo, unos 1.000 vuelcan allí sus desperdicios.
“Entre ellos, 370 que fueron declarados Agentes Contaminantes (AC) aún conservan esa condición”, precisó a Infobae Bruno de Alto, director general ambiental de Acumar. Son 805 las fábricas y empresas industriales que emiten sustancias dañinas a la salud, pero no todas vuelcan.
El método de control son monitoreos a distancia e inspecciones con tomas de muestras de los efluentes. Los vecinos también reclaman. En septiembre pasado hubo uno de esos casos. Después de clausuras preventivas, denuncias repetidas y un allanamiento judicial, se cerró de manera definitiva una curtiembre clandestina en Piñeyro, en el partido de Avellaneda, por violar la normativa ambiental.