Los desalojos de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, campesina e indígena se acrecentaron en los últimos años y se agudizaron durante la pandemia, situación por la cual la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, resaltó la necesidad de prorrogar la prohibición de desalojos y avanzar en un programa de regularización.
Mientras se espera que el Congreso Nacional apruebe la prórroga de la ley 27.118 que establece la prohibición de desalojos, Castillo, en diálogo con Télam subrayó como problemática la situación del sector donde “llegan todos los días órdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.
“Hay un gran número de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalización de las familias”, destacó Castillo quien se desempeñó como abogada de familias campesinas y forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
En septiembre del 2020, se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales, a partir del cual se detectaron 80 situaciones de conflicto por las tierras.